La crisis económica y social de los últimos años repercutió con fuerza en la población bonaerense.
No se tomaron, desde el Estado provincial, medidas efectivas que impidieran el incremento del delito. El resultado está hoy ante nuestros ojos: la inseguridad es la principal preocupación de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, sin distinción alguna.
Las estadísticas informan que el 28 % de los delitos registrados en la Argentina ocurre en territorio bonaerense. A ello hay que añadir que sólo uno de cada cuatro delitos es denunciado.
El problema es, entonces, más grave de lo que reflejan las cifras.
Frente a ello, nuestra propuesta abarca integralmente los tres componentes que a nuestro juicio deben ser abordados simultáneamente con miras a una auténtica solución. Ellos son (a) las fuerzas policiales, (b) la justicia y (c) la situación carcelaria.
1.Más y mejores policías.
Es necesario asignar a las tareas de vigilancia, patrullaje y asistencia al ciudadano más y mejores efectivos policiales. Esto significa, una mayor cantidad de policías EN LAS CALLES, con sueldos adecuados a su responsabilidad y con los vehículos, las armas, los uniformes y los aparatos de comunicación que necesitan para desempeñarse correctamente. Mejorar las condiciones operativas de la Policía provincial es una condición para comenzar a devolverle el prestigio perdido.
2.Seguridad privada coordinada y controlada.
Hay en la Provincia, 41.000 vigiladores privados registrados y muchos más que actúan “en negro”. Las autoridades no los controlan, como tampoco controlan a las empresas que los emplean. Además, no hay coordinación con la policía. Es necesario crear los canales para que la seguridad pública y la privada estén en permanente contacto, y así mejorar la detección temprana de delitos y su correspondiente sanción.
3.“Provincia sin armas”.
Es necesario reducir la cantidad de armas en circulación sobre todo en el mercado negro. Deben censarse las armas registradas, verificar los permisos vencidos y elevar los requisitos de aptitud física y psicológica para obtener las autorizaciones. Los depósitos militares, policiales y judiciales de armas, principales fuentes de abastecimiento para el mercado ilegal de armamento, deben ser frecuentemente inspeccionados para controlar sus inventarios.
Además, debe establecerse un cronograma permanente de destrucción de armas secuestradas.
4.Juicios penales íntegramente orales.
Se deben agilizar al máximo los procedimientos en el ámbito de la justicia, y para ello “desformalizarse” el proceso penal mediante la oralización de todas sus etapas. Asimismo, el sistema judicial de la Provincia debe estar preparado para incorporar eljuicio por jurados ni bien éste sea sancionado.
5.Más y mejores investigaciones.
El esclarecimiento de un mayor número de delitos exige una mejora en las investigaciones. Para ello es fundamental incorporar más fiscales debidamente preparados para la persecución de delitos complejos. Es necesario también poner en marcha la Policía Judicial, para que ésta sea la encargada de asistir a la justicia en sus investigaciones proveyendo el personal capacitado y los recursos técnicos y científicos necesarios.
6.Política integral para jóvenes en conflicto con la ley.
La Provincia tiene la obligación de asistir y contener a los jóvenes en conflicto con la ley, especialmente en su etapa más temprana. En la detección de estos conflictos la escuela tiene un papel fundamental que cumplir, por lo que deberán preverse programas especiales de educación. También hace falta generar oportunidades laborales genuinas y atender a su salud, en particular en casos en que se verifica abuso de drogas, para impulsar lo antes posible su recuperación física y psicológica.
7.Plan edilicio de emergencia en las cárceles.
La Provincia necesita urgentemente 10.000 plazas más en las cárceles, a las que deberá agregarse la decisión del traslado inmediato de quienes actualmente están alojados en comisarías. Superada la emergencia, es preciso contar con un plan a mediano y largo plazo que prevea la construcción de cárceles para futuros incrementos en la población allí alojada, como también la puesta en marcha de programas de educación y trabajo que cumplan con el objetivo resocializador que incumbe al Estado.
8.Dar a conocer los derechos de los ciudadanos.
Para que la gente vuelva a tener confianza en las instituciones estatales es preciso acercar la justicia a cada ciudadano a través de la información y la contención. Deben promoverse campañas para padres y alumnos en las escuelas, que informen qué derechos asisten a la población y cuáles son los modos de ejercerlos, todo ello con un lenguaje simple y comprensible para todos.
Instalar “casas de justicia” en las zonas más conflictivas del conurbano y en el resto de la Provincia, para que todos puedan acercarse y recibir la orientación y contención que necesiten.
Para ver el folleto con la propuesta sobre Seguridad hacé click aquí.
